Comprar por internet se ha convertido en una operación prácticamente inmediata. Sin embargo, durante años, esa facilidad no siempre ha tenido un equivalente cuando el consumidor quería dar marcha atrás.
Para corregir esta asimetría, desde el pasado mes de junio, la Directiva (UE) 2023/2673, introduce la función de desistimiento online obligatoria para cancelar contratos digitales con la misma facilidad con la que se contratan.
Esta nueva normativa pone el foco en cómo se ejerce ese derecho en internet, para que las plataformas digitales garanticen facilidad de acceso para desistir y confirmación inmediata o acuse de recibo inmediato para que el consumidor tenga una prueba de que ha ejercido su derecho a tiempo. Y aquí aparece una de las claves de la reforma.
La normativa europea establece expresamente que el procedimiento para ejercer el derecho de desistimiento no debe ser más gravoso que el procedimiento para celebrar el contrato. Por ejemplo, una empresa que permite contratar desde su web fácilmente, pero obliga al consumidor a tener que localizar un teléfono de atención al cliente, enviar un correo electrónico para darse de baja o realizar varios pasos adicionales para encontrar el desistimiento, puede crear una diferencia difícil de justificar entre la contratación y la cancelación.. La normativa es ahora más clara: la tecnología utilizada para contratar no puede convertirse en una barrera para abandonar el contrato cuando el ordenamiento reconoce ese derecho.
