El Tribunal Constitucional lo ha aclarado diferenciando entre detención policial y detención judicial.
En la detención policial, el juez dispone de un plazo de 72 horas para regularizar la situación del detenido, elevándola a prisión o dejándole libre.
En la detención judicial, la ley de enjuiciamiento criminal establece que el plazo máximo de detención de una persona es de 72 horas. Hasta ahora se había considerado que ese período comenzaba a contar desde que el detenido era puesto a disposición judicial.
La sala primera del Tribunal Constitucional ha establecido que en los supuestos de detención acordada por la autoridad judicial el cómputo debe comenzar cuando se verifica la ejecución material del arresto por las fuerzas policiales, y no cuando se hace efectiva la entrega del detenido a la autoridad judicial.
Lo anterior, al margen de la aplicación de la ley antiterrorista, que es otra historia.
